En junio se desarrollaron dos paros masivos en lo amplio del territorio nacional, el Paro Agrario y el Paro Camionero. Si bien las problemáticas sobre las que se fundamentaron las protestas no fueron las mismas, la dinámica es idéntica, en el sentido que ambas ya se habían negociado en el pasado y se retomaron por la percepción de incumplimiento de lo pactado. Estas situaciones dejan en evidencia la debilidad de las entidades estatales para planear soluciones efectivas y ejecutar los proyectos dentro de los plazos correctos.
Por otra parte, si bien es cierto que las solicitudes de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, así como las del gremio transportador de carga, son respetables, los efectos que estos movimientos tienen en la economía llevan a plantear cuestionamientos en los otros sectores que quieren desarrollar sus labores, aun más, cuando se acude a las vías de hecho como ocurrió con el bloqueo de la vía Panamericana en el departamento de Cauca, en la primera semana de junio por la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular. Acciones de este tipo imponen bruscamente los intereses de una minoría sobre los colectivos, representados en este caso por las poblaciones en el sur del país que se vieron desabastecidas de los elementos básicos como alimentos, combustible, entre otros.
Uno de los principales afectados fue el sector transporte terrestre de pasajeros por carretera que facilita el traslado diario de miles de personas, las cuales vieron limitado el ejercicio de su derecho a la libre locomoción, por temor a ser víctimas de los retrasos en los desplazamientos, y en algunos casos, agresiones de los manifestantes. Según cálculos de nuestra Asociación entre el 31 de mayo y el 08 de junio de generaron más de $4.700 millones de pesos en perdidas económicas por cuenta de la caída en los despachos de automotores.
Deseamos que estos hechos no se vuelvan a repetir, por lo cual el llamado a las partes es que se establezca un dialogo serio y aterrizado sobre los mecanismos de solución. Es necesario comprender que el problema es estructural, la economía del país no es competitiva, y las regalías de la explotación de minerales que en el pasado financiaron muchos programas de desarrollo están estancadas por cuenta de los bajos precios del petróleo y la transición hacia tecnologías más amigables con el medio ambiente.
Es momento de ser más propositivos, tanto gobierno como empresarios deben mudar a nuevas prácticas, generar desarrollos locales y crear activos que sean exportables. El país requiere menos radicalización, más trabajo conjunto, para salir adelante como nación y no continuar rezagado en un entorno cambiante, con nuevos competidores emergiendo rápidamente en las cuatro latitudes del mundo.
ADITT Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal / Edición 49 / Julio – Agosto, 2016